Nicaragua liberó ayer 76 áreas protegidas que podrán utilizarse para explorar y explotar energía renovable, que de acuerdo con los diputados, podrían ser hasta cinco mil megas, suficientes para iluminar Centroamérica.

El parlamento reformó ayer la Ley del Medio Ambiente y los Recursos Naturales con el objetivo de promover la explotación de energía renovable, eliminar los trámites burocráticos y crear la Procuraduría Ambiental, que tendrá facultades para realizar denuncias civiles, administrativas y penales.

“Se podrán efectuar explotaciones solamente con fines energéticos, es decir que se podrán establecer obras hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas con fines energéticos, todo esto previo a una aprobación del estudio de impacto ambiental y de los permisos ambientales que otorga el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena)”, explicó el diputado Carlos García, presidente de la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del parlamento.

El vicepresidente de la comisión, el sandinista José Martínez, expresó que tras la publicación de la ley las empresas podrían solicitar permisos para explorar y explotar energía en zonas como Bosawas, Volcán Masaya, Volcán Cosigüina, Volcán Cerro Negro, lagos y ríos con grandes potenciales.

“La ley hace que regulen la explotación, no hay un parámetro, porque mientras se protejan las zonas se puede seguir explotando”, dijo Martínez.

MÁS BARATO

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Eliseo Núñez Hernández, indicó que la energía renovable cuesta entre 55 y 65 dólares el mega, mientras que las actuales plantas Hugo Chávez producen al astronómico precio de 240 dólares el mega.

Núñez Hernández consideró que Nicaragua tiene un potencial para cubrir el ochenta por ciento de la demanda energética de Centroamérica.

“Nosotros podemos llegar a generar hasta cinco mil megas, suficiente para darle luz a toda Centroamérica. Nicaragua apenas consume 540 megas y dentro de tres años llegaremos a consumir 650 megas. Estamos desperdiciando energía, por eso esta reforma es trascendental”, señaló Núñez Hernández.

El legislador liberal comentó que propondrán que las empresas que adquieran derechos para la producción de energía renovable cedan al Estado las obras tras veinte años de explotación, en los cuales las compañías están supuestas a recuperar la inversión y obtener cuantiosas ganancias.