El ingeniero hidráulico Carlos Laínez dijo que un diputado, en vez de estar perdiendo el tiempo presentando “noticias” de hace casi 40 años, porque los ticos desde entonces “nos están matando el río San Juan”, debería, junto con sus colegas, trabajar por el desarrollo institucional que permita salvar al caudal agredido en todas sus formas.

La semana pasada el legislador Maximino Rodríguez denunció “el dragado” en el río San Juan por parte de los ticos. Laínez dijo tener la impresión de que este señor ha estado ausente durante mucho tiempo de Nicaragua y ni siquiera ha leído los periódicos.

El experto dijo que Rodríguez, para que no siga descubriendo el “agua tibia”, debe enterarse que desde los años 70 del siglo pasado se ha venido denunciando las tropelías que los “‘hermanos ticos' han estado realizando en las márgenes derecha del río San Juan, en un afán de apoderarse del mismo con miras a inyectar oxígeno a su decadente turismo, a costa de los recursos naturales de los nicaragüenses”.

Precisó que las acciones de dragado se han hecho a partir de la desembocadura al río San Juan, a lo largo de los afluentes provenientes de Costa Rica, ubicados en el tramo de 90 kilómetros donde la margen derecha del río se convierte en la línea fronteriza que limita ambos países.

Fabrican “canales naturales”

Los vecinos del sur aprovechan la morfología del terreno, que es plano, desde hace muchos años. Laínez indicó que tales acciones “han tenido como propósito modificar la pendiente de los afluentes, y de esta forma, forzar la dirección del flujo de agua del río San Juan hacia estos pequeños afluentes”.

La idea es “convertirlos en canales naturales que permitan la navegación de todo tiempo, aun a costa de la muerte del río San Juan”. Sin duda, para el experto, “esto constituye una agresión al ambiente del San Juan, que ha venido modificando el régimen hidrológico, incrementando la sedimentación en este tramo del río, la calidad de sus aguas, afectando el hábitat de la fauna acuática y terrestre, así como los intereses económicos y sociales de los nicaragüenses”.

Trabajar por herramientas jurídicas

Las acciones que de forma unilateral ejecuta Costa Rica como nación, violan las normas del Derecho Internacional y los principios definidos en la Resolución LXXII de la Séptima Conferencia Internacional Americana de 1933, indicó Laínez.

El documento oficial permite establecer convenios, reconociendo la necesidad de aunar esfuerzos para la utilización razonable y equitativa de los recursos hídricos en zonas fronterizas, dado que las mismas exigen un tratamiento especial del aprovechamiento sostenible del recurso agua.

Los diputados deben trabajar por el desarrollo institucional en materia de legislación respecto de los recursos hídricos. La falta de estos instrumentos más bien “imposibilita negociar acuerdos racionales para desarrollar la cuenca del río San Juan”.

En ese orden, señaló la carencia de un plan nacional de desarrollo acorde a un plan nacional de ordenamiento y desarrollo de los recursos hídricos --especialmente el desarrollo de la cuenca de los lagos, que incluye al río San Juan.

Éste debe formularse en concordancia con una ley general de aguas y una autoridad nacional del agua, técnico administrativo y competente.

“De ahí parte la necesidad de considerar la Legislación Internacional de Agua y la formación de una comisión interinstitucional: política, administrativa y técnica coordinada por el Ejecutivo de la República, la Cancillería, Marena, Ineter, MTI y otros, para detener la agresión a la soberanía nacional, al ambiente y los intereses nacionales”, señaló Laínez.

Un resultado concreto de estas herramientas institucionales, expuso, sería lanzar una información positiva, veraz y por supuesto, bien fresca: evitar la muerte de nuestro río San Juan.